Principio de la legalidad
Desarrollo del tema
La legalidad y seguridad jurídica tienen como objetivo darle certidumbre a la ciudadanía respecto a la actuación que deben tener las autoridades, así como las consecuencias jurídicas de los actos que realicen. Estos principios son transversales a cualquier nivel u orden de gobierno y deberán respetarse en cualquier procedimiento en el que las personas se encuentren involucradas.
Para Islas Montes (2009), el principio de legalidad presupone que todo acto de autoridad se produce al cumplir con los requisitos establecidos por el orden jurídico, es decir, que la validez de dicho acto se encuentra condicionada a que la autoridad se encuentre dentro de los supuestos que establece la normativa para “afectar” a alguna persona y que cumpla con los requisitos previstos. Se trata de una regla de competencia y de control que define quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo (181).
Este principio se encuentra protegido por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puede ser entendido, en términos generales, como: “la autoridad (el poder público), sólo puede hacer lo que la ley le autorice, mientras que las y los gobernados de forma libre podrán realizar todo aquello que la ley les permita o no les prohíba”. En otras palabras, el principio de legalidad provee una cultura de respeto a la ley tanto por las autoridades como por la sociedad. Su incumplimiento recae en la violación a los Derechos Humanos de la ciudadanía, limitándolos, obstaculizando su goce y ejercicio o bien extinguiéndolos.
Para Salazar (1998), el principio de legalidad tiene cuatro elementos básicos que es importante conocer:
